Presidente Ejecutivo de la ATU, José Aguilar Reátegui, saludó interés de los empresarios del sector y anunció nuevas reuniones de trabajo.
El conversatorio “Transporte Urbano, Presente y Futuro” reunió a los principales actores del sector, en busca de soluciones a los problemas “Estamos abiertos a todo lo que contribuya a acabar con la informalidad, ya no hay marcha atrás sentenció el funcionario.
En entrevista con redactores de este medio, “Esperamos un encuentro similar en diciembre próximo; tener una agenda temprana e identificar los problemas públicos que marquen la pauta de las normas que gestionaremos el próximo año. Habrá más reuniones con ustedes”, aseguró el presidente de la ATU, José Aguilar, a decenas de empresarios del transporte regular, de los corredores complementarios y El Metropolitano; así como a fabricantes, miembros de la PNP gremialistas y expertos, entre otros.
Con una importante asistencia, la cita se desarrolló en la Videna, La titular del MTC, Paola Lazarte, dijo en la inauguración: “Queremos trabajar en una regulación que recoja los aportes de todos”. participo el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Eduardo Salhuana. En las mesas de trabajo se discutieron temas como el Proyecto de Ley del Transportista Urbano; el Proyecto de Decreto Legislativo referido al chatarreo vehicular; estrategias de reinserción laboral en el sector transporte y el Proyecto de Decreto Legislativo para regular el servicio de taxis.
Conclusiones
Sobre el primer tema se sugirió la aplicación progresiva de la norma, que además de un enfoque laboral, vea aspectos técnicos, empresariales, tributarios y financieros, para una reingeniería de la actividad y mejora en la calidad de servicio; incorporar la capacitación permanente y considerar las horas de labor de los conductores, de acuerdo a la normativa vigente; mayor claridad sobre los aspectos previsionales e incluir beneficios tributarios, un régimen de estabilidad jurídica y de subsidios; evaluar la regulación de los extranjeros; contemplar un esquema de gestión centralizada de la operación de la flota y que no se exija que los vehículos sean propiedad de la empresa.
Respecto al chatarreo vehicular, se sugiere establecer reglas más claras para que la unidad vehicular chatarreada sea retirada de Registros Públicos; creación del Registro de Vehículos Internados, para facilitar su proceso de chatarreo; incluir lo señalado por el Decreto Legislativo 1214 (“los vehículos abandonados en la vía pública pueden ser chatarreados a iniciativa de la PNP); implementar campañas para que el usuario conozca que los procesos de chatarreo benefician a la ciudad; y establecer alianza entre entidades del sector público y privado, para la facilitación de dichos procesos.
Sobre el tema de estrategias de reconversión e inserción laboral, se propuso complementar la oferta de transporte formal que reduzca la demanda de taxis colectivos; analizar técnicamente el itinerario de las rutas, a fin de que se mejore la situación de las empresas formales; generar incentivos a la formalidad, propiciando los espacios de reconversión; propiciar la modernización de la actividad del transporte y fortalecer a las empresas que brindan el servicio y ofrezcan puestos de trabajo formal a los conductores; seguridad jurídica y mecanismos de recaudo electrónico; subsidios a la prestación del servicio; facilitar las gestiones para obtener licencias de conducir profesionales; analizar técnicamente el marco normativo de categorización, los tiempos que rigen el procedimiento y sus requisitos; replantear la ley de puntos vigente; creación de la carrera técnica para valorar el oficio de conducir, con los beneficios de la profesionalización; capacitar a los conductores en primeros auxilios, mecánica y atención a los usuarios; y desincentivar el transporte informal.
Respecto al último tema, se reconoce la importancia del diálogo para discutir la aplicación de medidas regulatorias, identificando el problema público en el transporte urbano; se necesita una regulación acorde con la innovación y los avances tecnológicos; revisar la proporcionalidad del régimen de sanciones; revisar el rol del sector Comunicaciones en el proceso de bloqueo; y sumar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
