Por: Mario Sánchez, editor periodístico
Nuevamente, el transporte se sigue tiñendo de sangre donde lamentamos el asesinato de otros compañeros más del sector transporte: como el de Eugenio Benitez gerente de la empresa Corazón de Jesús de San Diego, quien fue cruelmente asesinado mientras se encontraba conduciendo su vehículo, hecho ocurrido en el distrito de Los Olivos, límite con San Martín de Porres, al promediar las 10 de la noche. Este crimen no es un hecho aislado pues se suma a una cadena de asesinatos contra conductores y gerentes, como el ocurrido anteriormente contra el gerente de Etamsa Robert Obregón también en San Martín de Porres, así como en otros distritos de la capital, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática contra quienes trabajan diariamente para mover el país.
Estas condiciones vienen provocando zozobra en el sector ahuyentando las inversiones y fuga de capitales evidenciando la desproporcionada condición de aferrarnos a la vida frente a la criminalidad que ya rebasó todas las condiciones de crímenes urbanos pasando a un peligro contra el estado. En ese sentido responsabilizamos al gobierno por la falta de protección a la vida y salud de los peruanos, que poco o nada han hecho gobiernos anteriores para proteger la vida de los trabajadores del transporte, más aún cuando nos encontramos en estado de emergencia nacional donde las medidas que se han venido adoptando, como el Decreto Supremo 002-2025, que lejos de combatir el crimen organizado, han demostrado ser ineficaces y contraproducentes.
Dicho decreto se ha centrado principalmente en la intervención indiscriminada de motocicletas que circulan en la ciudad, generando corrupción, abuso de autoridad y afectación a ciudadanos de bien, mientras que en los puntos críticos donde ocurren estos asesinatos no existe presencia real ni efectiva. Demandamos una exhaustiva investigación de cada uno de los asesinatos cometidos por bandas criminales y exigimos que les caiga todo el peso de la ley contra esos criminales, por ello pedimos mayor contundencia y acciones reales en materia de seguridad, especialmente para el sector transporte. La vida de los conductores no puede seguir siendo el costo de políticas ineficaces ni el resultado de normas que, en la práctica, terminan favoreciendo al crimen organizado.
Tras la última reunión con la presidenta Keiko Fujimori donde participaron diversos transportistas de distintas modalidades le hicieron llegar sus requerimientos donde el tema principal es la inseguridad que se vive dia a día, pero que lamentablemente se evidencia falta de inteligencia policial y que también se suma los evidentes errores del sistema de justicia frente a la criminalidad que acecha a todos los segmentos del transporte. señora presidenta esperamos resultados .!
