Diputada Roxana Rocha sustentó proyecto de ley
La diputada Roxana Rocha presentó un Proyecto de Ley 00185-2026-2031-CD, que propone modificar el Código Penal para imponer sanciones penales a quienes presten servicios de transporte público sin la habilitación correspondiente y generen un peligro concreto para la vida o integridad de terceros)
Se plantea una pena de prisión de hasta seis años para conductores informales que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas.
Conductores particulares: También se contempla sancionar a conductores particulares que manejen sin licencia válida, con licencia vencida, suspendida o cancelada, o con una categoría inapropiada para el vehículo, siempre que su conducta represente un peligro concreto. En estos casos, se propone una pena de prisión de seis meses a dos años o servicios comunitarios, además de la correspondiente inhabilitación.
La iniciativa establece que la responsabilidad penal será personal, es decir, no se sancionará al propietario del vehículo únicamente por ser su dueño.
Se busca evitar una doble sanción indebida por un mismo hecho y no criminalizar prácticas de manejo, evaluaciones u otras actividades que cuenten con autorización.
La propuesta responde a las estadísticas alarmantes que señalan que entre enero de 2021 y marzo de 2024 se registraron más de 266 mil siniestros de tránsito, 10,226 fallecidos y más de 175 mil lesionados. Además, entre 2021 y 2023, en promedio, el 35.8% de los conductores fallecidos en siniestros fatales no tenía licencia y el 6.6% tenía la licencia vencida, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
La diputada Rocha enfatizó que la propuesta no busca criminalizar al conductor informal, sino proteger la vida de los usuarios. «Una licencia no es un simple papel, acredita que una persona está habilitada para conducir. Esta propuesta no persigue al conductor por una formalidad, sino busca sancionar a quien, sin estar habilitado, convierte su conducta en un peligro para los demás», sostuvo.
El proyecto de ley también destaca que la responsabilidad penal será personal, evitando sancionar al propietario del vehículo únicamente por ser su dueño. Asimismo, se busca evitar una doble sanción indebida por un mismo hecho y no criminalizar prácticas de manejo, evaluaciones u otras actividades que cuenten con autorización.
La propuesta se aplicaría utilizando las competencias existentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades de transporte, sin requerir la creación de nuevos organismos o estructuras.
Este proyecto de ley busca fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al transporte informal, contribuyendo a la protección de la vida e integridad de las personas en las vías terrestres.
