Muerte de transportista de LIPETSA y otros no debe quedar impune
Los transportistas continúan exigiendo un freno a las extorsiones y una garantía de confianza para las inversiones ya que enfrentamos un sector en crisis que demanda reformas profundas e inmediatas en seguridad, infraestructura y transparencia institucional.
La principal prioridad del transporte formal, tanto urbano, interprovincial como de carga, es frenar la ola de violencia criminal que azota a conductores y empresarios.
En Lima, Callao y las regiones del país, donde las organizaciones delictivas imponen cobros de cupos que han llevado a varias empresas al borde de la quiebra y han cobrado la vida de numerosos choferes en lo que va del año ya van 32 en la gestión de este nuevo gobierno donde pereció el conductor de Lipetsa a manos del crimen y sus familiares exigen que este crimen no quede impune.
Las políticas de mediano y largo plazo deben estar orientados que el Ejecutivo defina un plan de seguridad ciudadana integral y técnico, superando los parches normativos de gobiernos anteriores, en las que se priorice el control territorial urgente: a las empresas interprovinciales consideran fundamental recuperar el control territorial de las vías, en la que plantean la necesidad de coordinar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para patrullar las rutas críticas.
Frente a ello los canales directos de comunicación es prioritario por ello las bases del transporte han solicitado reuniones formales para contrastar sus propuestas técnicas frente a los planes de pacificación prometidos durante la campaña electoral.
El sector transporte mira con expectativa las promesas de reactivación económica del nuevo gobierno, respaldado por la confianza del sector empresarial y la continuidad de la estabilidad en el país. Sin embargo, existen urgencias inmediatas en la agenda de conectividad:
Los gremios esperan que se viabilicen los proyectos de transporte moderno, integrado y masivo en Lima y las regiones para contrarrestar el caos vehicular y las pérdidas de productividad, debido a factores como el alza del combustible y la criminalidad.
La lucha contra la corrupción es fundamental y la transparencia institucional así como la erradicación de mafias en el transporte donde la delincuencia se expande sugieren medidas más severas que van desde el rastreo financiero de las mafias, con las entidades financieras para identificar, rastrear y bloquear las cuentas bancarias utilizadas por las bandas de extorsionadores.
Una limpieza en los organismos reguladores podría demandar erradicar las redes de corrupción interna en las fiscalizaciones donde la ATU no ha sido exenta y agilizar la reglamentación de leyes pendientes sin favoritismos ni trabas burocráticas que paralicen la informalidad y la erradiquen las cuales han sido caldo de cultivo para las amenazas.
